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¿Quién pagará el impuesto de las hipotecas?

Abogados Jaen Aequo

En la sentencia que se dictó por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la semana pasada, en la que indicaba que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados correspondía a la banca, nadie puede paralizar sus efectos, es un precedente jurisprudencial que necesita de otro para conformar jurisprudencia, pero desde que se publicó produce efectos y estos no se pueden frenar.Lo que quiere decir que el Pleno del 5 de noviembre no podrá alterar la sentencia al ser la misma firme.La Sentencia está argumentada jurídicamente de manera magistral y determina claramente que los obligados al pago son la banca, justificando de manera muy precisa que un reglamento no puede estar por encima de una ley.

La polémica se ha producido debido a que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el pasado mes de febrero, dictó una sentencia en la que concluyó, que era el cliente y no la entidad financiera, quien debía de correr con los gastos del impuesto, por lo que se ha producido una discrepancia entre los fallos de las distintas salas de lo civil y contencioso referente al mismo objeto.

Las distintas sentencias dictadas por el Alto Tribunal, han generado una inseguridad jurídica totalmente justificada entre la sociedad, por lo que es necesario que el Pleno del Tribunal Supremo se pronuncie el día 5 de noviembre, sobre el criterio que se seguirá a partir de los fallos venideros y determinará quién será el que tiene que hacer frente al pago del impuesto. Es lógico que se actúe de esa forma y eso no quiere decir en ningún caso que las conclusiones que determinen el Pleno sean a favor de la banca, más que nada porque la “encargada” de determinar lo relativo al impuesto es la Sala de lo Contencioso.

Hasta las conclusiones del Pleno del 5 de noviembre, no podremos saber el criterio que se seguirá, pero en la actualidad la inseguridad jurídica indicada con anterioridad, está provocando que hasta que se indique la hoja de ruta a seguir, miles de familias en España tienen paralizadas la firma de sus hipotecas, con los perjuicios que ello conlleva.